Page 91 - Revista Del Foro 106 2019

Revista del Foro 106

III. LAS GARANTÍAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

Estas garantías constituyen los medios generales que la técnica jurídica moderna ha
desarrollado con relación a la regularidad de los actos estatales en general. Las garantías son
preventivas, represivas, personales u objetivas. (Kelsen Hans. Traducción de Rolando
Tamayo y Salmorán, revisión: Domingo García Belaunde, año 2018, página 266).

Las Garantías preventivas: Tienden a prevenir la realización de actos irregulares.

Las garantías represivas: Reaccionan contra el acto irregular una vez realizado, tienden a
impedir la reincidencia en el futuro, reparar el daño que se ha causado, hacerlo desaparecer y
eventualmente, a reemplazarlo por un acto regular. Los dos elementos pueden naturalmente,
estar unidos una sola y misma medida de garantía. Entre las posibles garantías puramente
preventivas debe ser considerada, ante todo: La organización en forma de tribunal de la
autoridad que crea el derecho, es decir, garantizando la independencia del órgano- por
ejemplo, por medio de la inamovilidad- independencia que consiste en que no se puede ser
jurídicamente obligado, en el ejercicio de sus funciones, por ninguna norma individual (
orden) de otro órgano y, en especial, de un órgano superior o perteneciente a otro grupo de
autoridades, ligado a las normas generales, a las leyes y a los reglamentos legales.
Las garantías objetivas: Tienen al mismo tiempo un carácter represivo acentuado, son la
nulidad y anulabilidad del acto irregular.

IV. LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL
El órgano legislativo se considera como un libre creador del derecho. Es un órgano diferente
a él, independiente de él, y por consiguiente, también de cualquier otra autoridad estatal, al
que es necesario encargar la anulación de los actos inconstitucionales- esto es, a una
jurisdicción o Tribunal constitucional. Su independencia frente al parlamento como frente al
gobierno es un postulado evidente; puesto que son, precisamente, el parlamento y el
gobierno, los que deben estar, en tanto que órganos participantes del procedimiento
legislativo, controlados por la jurisdicción constitucional. (Kelsen Hans. Traducción de
Rolando Tamayo y Salmorán, revisión: Domingo García Belaunde, año 2018, página 274)
La competencia de la jurisdicción constitucional no debe limitarse al control de
constitucionalidad de las leyes debe extenderse, primeramente a los reglamentos que tienen
fuerza de ley, actos inmediatamente subordinados a la constitución y cuya regularidad
consiste en su constitucionalidad.

V. EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD.
El control de constitucionalidad es importante, porque toda violación de la constitución

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