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Revista del Foro 106

es efectivamente un trabajo cuando se ejerce libremente por parte de una persona mayor de
edad, de manera voluntaria y consentida; no lo es cuando esta se realiza bajo un régimen
forzado de esclavitud, violencia, coacción o cualquier otro factor que limite o vulnere la
libertad de la persona.

El Trabajo Sexual consentido supone el ejercicio libre y voluntario, en el que la entrega
sexual es a cambio de una contraprestación económica con el total consentimiento de la
trabajadora sexual; en tanto que el Trabajo Sexual forzado se ejerce en el mismo sentido, pero

bajo coacción o presión derivada de una situación de violencia, intimidación o abuso. Estas
dificultades de definición tienen que ver con distintos factores. En primer lugar, todavía hoy
no está definido ni claro en absoluto cuál es el “problema” al que se intenta hacer frente
cuando nos proponemos enfrentar de alguna manera el fenómeno social de las Trabajadoras
Sexuales. Por un lado, observamos que en el ámbito internacional las convenciones

internacionales, las propuestas legislativas, nuevas leyes o las declaraciones políticas de
distinto origen, que insisten en que el objetivo es acabar con el abuso y la explotación a los
que se ve sometido un número considerable de personas, mujeres y niñas en su mayor parte,

que son coaccionadas o empujadas por la necesidad a practicar la prostitución en una
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auténtica situación de esclavitud, por lo que se estarían refiriendo a la prostitución forzada.

Sin embargo, la paradoja aparece cuando observamos que la mayor parte de las medidas
políticas, municipales y policiales van dirigidas más bien a controlar los problemas de orden

público que desencadena el ejercicio del trabajo sexual consentido en las calles y
establecimientos sin Licencia de Funcionamiento: Controles y redadas policiales con el
objeto de desalojar a trabajadoras sexuales y clientes; decisiones de los gobiernos locales de

“prohibir”, bajo sanción de multa, el trabajo sexual ofrecido en determinadas zonas, calles o
locales no autorizados. Sin desconocer los problemas sociales y de orden moral que genera el
ejercicio del trabajo que realizan las trabajadoras sexuales en los espacios públicos, para

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