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Revista del Foro 106

representantes más indicados para cada momento. El segundo es la búsqueda de los llamados

“códigos de buen gobierno”, que logren convencer a la ciudadanía del adecuado y correcto
comportamiento de sus representantes políticos y altos cargos de la administración en el

ejercicio del poder. Se trata de un pacto de los poderes públicos con los ciudadanos, cuya
exigencia, en su caso, se produce en los términos previstos en la ley del Gobierno y en la

Constitución, es decir, responsabilidad política. Las reformas de la legislación que regula el
régimen electoral general encuentran la primera decisión importante en si ésta debe

realizarse respetando la compatibilidad con lo regulado en el texto Constitucional en vigor o
si se dan las circunstancias políticas de mayorías y acuerdos suficientes que permitan

reformar la regulación electoral en la Carta Magna y, seguidamente, en la ley
correspondiente.
Lo habitual, salvo raras excepciones, es respetar la inmutabilidad de las disposiciones
constitucionales, lo que fuerza a recurrir a todos los instrumentos de interpretación para dar
acogida a algunas propuestas, sin lograr con ello soluciones plenamente satisfactorias. Sin
duda alguna, la elección, las elecciones y su régimen jurídico, son la principal manifestación
que unen a la sociedad con el Estado, viene a ser la institución central de la propia
democracia. Para una democracia el sistema electoral es el primer elemento a definir. Supone
la intervención del pueblo, como titular de la soberanía, en la designación de sus
representantes, la legitimidad y la realidad de la representación sólo se podrá verificar
cuando haya reglas que ordenan adecuadamente el derecho de sufragio y el régimen de su
ejercicio. A través de ellas se acomete la función de designar indirectamente a los
gobernantes en los distintos niveles de poder: central, autonómico y local. Dado que la
reforma electoral es producto de compromisos y consensos coyunturales entre las fuerzas
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políticas vigentes en un país, no se puede esperar que siempre obedezca a criterios técnicos .
Siguiendo una secuencia lógica, el debate sobre la reforma electoral incluye etapas tales
como el análisis del sistema electoral vigente, la determinación de los objetivos de la reforma
electoral, la definición de los elementos técnicos de la reforma y la determinación de los
efectos probables de la reforma propuesta (Nohlen 1993). La democracia sigue siendo el
sistema preferido en América Latina (54% la apoya y 72% considera que pese a sus
problemas es el mejor sistema de gobierno de todos los conocidos, según datos de
Latinobarómetro 2007) la reforma político-electoral sigue ocupando un lugar relevante en la

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