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legal que aparentemente terminó en 2007, cuando la Corte Suprema de Colombia falló que a
la parte recurrente – Sea Search Armada – le correspondía el 50% de la carga del “San José”

que no fuera considerada por las autoridades como patrimonio cultural de la nación.

En 2010 Sea Search Armada inició acciones legales contra Colombia en Estados Unidos por
14,000 millones de dólares, que culminaron tres años más tarde con una derrota legal para la
empresa cazatesoros al darle la justicia estadounidense la razón al Estado Colombiano. Casi
paralelamente Colombia aprobaba la ya mencionada Ley 1675, con el fin de blindar al país

frente a cualquier reclamo internacional sobre “el patrimonio de todos los colombianos”, en
palabras del ex – presidente Santos.

Además de la Ley 1675, un fallo del Consejo de Estado estableció que el patrimonio
histórico y cultural no puede quedar en manos de privados. No podemos ocuparnos en

extenso del fallo del Consejo de Estado de Colombia, pero destacaremos que señala que en
Colombia se considera como patrimonio arqueológico "[Los Bienes] Muebles o
inmuebles que sean originarios de culturas desaparecidas, o que pertenezcan a la época
colonial, así como los restos humanos y orgánicos relacionados con esas culturas. Los
objetos aquí incluidos deben tener representatividad, que resultan significativos para el
conocimiento; singularidad, que los hace únicos o escasos en relación con los demás

bienes conocidos; estado de conservación e importancia científica, potencial para
aportar a un mejor conocimiento histórico, y repetición, que enmarca la cualidad de un
bien o un conjunto de bienes que resultan similares”. Este último punto es clave, ya que el
alto tribunal considera que las monedas y lingotes de oro y plata no se les debe considerar
automáticamente como tesoro. El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural tiene la

competencia exclusiva de evaluar y calificar dichos bienes.

La posición de España y del nuevo gobierno colombiano
Desde el anuncio del “descubrimiento” del pecio del “San José” la posición española ha
sido conciliadora, haciendo expresa reserva de su derecho de “Decidir qué actuaciones se
adoptarán con arreglo a lo que entendemos que es patrimonio subacuático y el respeto a
las convenciones de la Unesco a las que nuestro país se comprometió hace muchos
años”. Esta declaración del entonces secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle,

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