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Revista del Foro 106
en La Habana, Cuba, ha marcado la pauta de las aproximaciones españolas frente a la
intención de Colombia de comercializar el “tesoro” del “San José”, a espaldas de sus
intereses debidamente sustentados en razones de hecho y de derecho. Todo indica que
España desea que el “San José” sea visto y tratado como “Un patrimonio arqueológico
común de todos los pueblos hispanoamericanos, sujeto a la servidumbre de su
protección, de la preservación en la participación de su investigación, acceso científico,
su difusión y el deber de cooperación. Hay una norma que rige en todos los Estados de
Derecho y que hace que este artículo sea esencialmente jurídico: es el sentido común, el
más importante principio del derecho”.
A diferencia de su postura en el caso de la fragata “Nuestra Señora de las Mercedes”,
España no estima que el problema sea la titularidad del pecio – que es indiscutiblemente una
nave de Estado española – sino que busca sentar un precedente imprescindible de
cooperación en materia del Patrimonio Cultural Subacuático entre Hispano América y
España para el desarrollo de una arqueología subacuática iberoamericana.
En este sentido España ha hecho grandes avances desde el año 2007. Así, en agosto de 2018,
el Centro de Arqueología Subacuática (CAS), una dependencia del Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico, anunció la identificación de un buque genovés hundido por el
corsario inglés sir Francis Drake (1540 – 1596) en su ataque contra Cádiz entre el 29 de abril
y el 1º de mayo de 1587. España quiere replicar estas investigaciones en toda América. Hasta
la fecha los más receptivos a esta iniciativa son México, Panamá y Cuba. En este último país,
por ejemplo, el 2015 el entonces secretario de Cultura, Lassalle, propuso al gobierno cubano
la investigación de los pecios de la flota del almirante Pascual Cervera (1839 – 1909), que se
encuentran en la Bahía de Santiago de Cuba, luego de ser hundida en desigual batalla contra
la flota estadounidense el 3 de julio de 1898.
Hasta la fecha Colombia aún no responde a las propuestas españolas de cooperación en el
campo del Patrimonio Cultural Subacuático. Lo positivo de la situación es que, tras la
revelación de la trama financiera detrás del proyecto de plan de salvamento del ex –
presidente colombiano Manuel Santos, el gobierno saliente dejó sin efecto los términos de la
Asociación Pública Privada (APP) con una empresa cazatesoros. Al hacer pública
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