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Revista del Foro 106
Se implantarán sistemas para garantizar el ejercicio de este derecho por vía
telemática".11
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En Perú, el día miércoles 27 de julio de 2011 fue publicado el Decreto Supremo Nº 066-
2011-PCM, aprobando el "Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el
Perú – La Agenda Digital Peruana 2.0". Dicho plan se estructura en ocho objetivos,
cada uno con varias estrategias. Como ejemplo, el Objetivo 3: "Garantizar mejores
oportunidades de uso y apropiación de las TIC que aseguren la inclusión social, el
acceso a servicios sociales que permitan el ejercicio pleno de la ciudadanía y el
desarrollo humano en pleno cumplimiento de las metas del milenio", contiene como
Estrategia 2: "Fortalecer el acceso a la información y los servicios de Justicia
mediante el uso intensivo de las TIC".
En esa línea de acción, el jueves 13 de setiembre de 2018 fue publicado el Decreto
Legislativo Nº 1412, aprobando la Ley de Gobierno Digital. Su artículo 1 es muy
ilustrativo al señalar como objetivo de la ley:
"(…) establecer el marco de gobernanza digital para la adecuada gestión de la
identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad,
seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de
tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios
digitales por parte de las entidades de la Administración Pública en los tres niveles de
gobierno."
En cuanto a la finalidad de la Ley de Gobierno Digital, éste aparece desarrollado en dos
numerales su artículo 4:
"4.1 Mejorar la prestación y acceso de servicios digitales en condiciones
interoperables, seguras, disponibles, escalables, ágiles, accesibles y que faciliten la
transparencia para el ciudadano y personas en general.
4.2 Promover la colaboración entre las entidades de la Administración Pública, así
como la participación de ciudadanos y otros interesados para el desarrollo del
gobierno digital y sociedad del conocimiento."
Como se aprecia, la internet (1.0 y 2.0) y el conjunto de las tecnologías de la
información –entre las que destaca-, tienen un difundido y variado empleo en la
práctica jurídica así como un reconocimiento normativo como parte de políticas,
objetivos y estrategias del Estado.
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