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Revista del Foro 106

como los conflictos, la tipificación de delitos y otros factores que presionan el aumento de

esta variable.
Esta sobrecarga de expedientes y a su vez, la escasa cantidad de juzgados Constitucionales
influyen significativamente en la tutela de los derechos fundamentales en los juzgados
constitucionales.
El proceso de amparo debería tener un tratamiento diferenciado entendiendo a la calidad
excepcional de los derechos a ser protegidos, es una tutela de urgencia. En ese contexto, la
pretensión en este proceso es que el juez ponga fin al perjuicio soportado en el tiempo más

corto posible.
El proceso de amparo es un proceso urgente, en donde se aplica la sumarización
procedimental para acortar los plazos con el fin de llegar a una sentencia inmediata antes de
que se cause perjuicio al agraviado. En ese contexto, el proceso de amparo debería tener un
tratamiento diferenciado entendiendo a la calidad excepcional de los derechos a ser
protegidos de tal forma que la pretensión que se persigue es que el juez ponga fin al perjuicio

soportado en el tiempo más corto posible.
Desde ese punto de vista, los plazos para la calificación de la demanda, proveer escritos y
tiempo para notificar a nivel juzgados Constitucionales no se encuentran correctamente
definidos en el Código Procesal Constitucional lo que conlleva a que los procesos de amparo
se resuelvan después de un año y muchos de ellos incluso llegan a los tres años o más de tal
forma que el proceso de amparo no cumple con su objetivo principal que es proteger a
ciudadanos cuando se ha vulnerado algunos de sus derechos, quedando estos desprotegidos
cuando debieron ser amparados en su oportunidad por esta norma, si bien es cierto que

existen medidas cautelares estas raramente son concedidas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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Editorial Mc Graw Hill.
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