Page 28 - Revista Del Foro 106 2019

Revista del Foro 106

dignified treatment they will seek efficiency in the civil service. An important milestone for

this objective has been concretized with the approval and implementation of Law No. 30057
- Civil Service Law, but it is also necessary to analyze administrative justice in our country.

Keywords: Administrative Courts, Public Server, Administrative Justice.

I. El papel de la justicia administrativa
Para abordar el desarrollo y trabajo del Tribunal del Servicio Civil, es propicio hacer una

revisión en torno al concepto de la justicia administrativa, y los elementos que la
conforman.
Con relación a la definición de justicia, lo cual es un concepto amplio en general,
podemos invocar lo establecido en el Diccionario del Español Jurídico, donde se indica
que por justicia se entiende el «Principio constitucionalmente consagrado como valor

superior del ordenamiento jurídico en el que confluyen los de razonabilidad, igualdad,
equidad, proporcionalidad, respeto a la legalidad y prohibición de la arbitrariedad, ya
que, según los casos, se identifica con alguno de estos otros principios».
Como tal, la justicia evidencia el anhelo frente a la arbitrariedad, contra lo que se
considera lesivo; evocando el adagio romano, la justicia es obtener lo que nos
corresponde, pero para que no quepan dudas sobre ello, se recurre ante las instancias

dotadas de jurisdicción, quien aplicando las normas y principios jurídicos emitirán un
fallo donde determinarán si se concede lo pedido, o se ratifica lo cuestionado.
Ahora bien, hablar de una justicia administrativa en nuestra región corresponde a un
asunto que tiene una singular relevancia. Así, se señala que «El tema de la justicia
administrativa en los países de Iberoamérica constituye una de las piezas clave para la

configuración y el correcto funcionamiento del Estado de derecho» (Cassagne, 2006, p.
3). Precisamente, como elementos del Estado de Derecho se establecen los siguientes:

a) Imperio de la ley: ley como expresión de la voluntad general.
b) División de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.
c) Legalidad de la Administración: actuación según ley y suficiente control judicial.

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