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Revista del Foro 106

Sin embargo, se debe añadir los derechos consagrados en estos instrumentos; en América
Latina y el Caribe se han levantado voces que reclaman para las mujeres derechos
específicamente contextualizados. De este modo, se demanda el derecho a ser agentes y
beneficiarias del desarrollo, en vista de la intensificación de la desigualdad social y el
impacto de la crisis, el costo social de las políticas de ajuste estructural y las limitaciones de
las políticas sociales para compensar los efectos de los cambios económicos. Sobre el

particular, es importante resaltar el derecho a la participación social y política, en el marco
de un desarrollo equitativo que otorgue poder de decisión a todas las personas. Asimismo, se
reivindican los derechos reproductivos, entendidos como el derecho de la mujer a recibir
atención adecuada durante el embarazo, el parto y el puerperio, a tener acceso a
anticonceptivos debidamente controlados, a decidir cuándo desea tener hijos y cuántos hijos
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tener y, sobre todo, a ejercer control sobre su cuerpo.

El Perú es un Estado constitucional y democrático de derecho que ampara legalmente a
todas las personas, de conformidad a lo establecido en el artículo 1° de la Constitución
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Política del Perú, en donde señala que “Toda persona humana tiene derecho
fundamentales”, reconociéndose constitucionalmente que toda persona tiene derecho a su
integridad moral, y a la igualdad ante la ley, haciendo referencia a hombres y mujeres, con

ello, nadie puede ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a
tratos crueles, inhumanos o humillantes.

Siendo así, nuestro país tieneleyes, LeyN°28983, Ley de igualdad de oportunidades

entre Mujeres y Hombres (16/03/2007), establece las garantías para el ejercicio de
derechos y acceso a oportunidades sin discriminación, entre ellos el acceso a la justicia.

Otra disposición legal es la Ley N°26842, Ley General de Salud (27/07/97),que establece
el derecho a la recuperación, rehabilitación de la salud física y mental; así como del
consentimiento informado, clave para prevenir la violencia hacia las mujeres desde la
prestación de servicios y para que ellas puedan tomar sus decisiones libres.

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