El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresa su preocupación por la promulgación del Decreto de Urgencia N.° 010-2025, que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reorganización patrimonial de PETROPERÚ S.A., por considerar que carece de sustento constitucional y legal, al no encontrarse debidamente acreditada una situación extraordinaria e imprevisible que justifique su emisión conforme al artículo 118° N 19, de la Constitución Política del Perú.

Cabe recordar que PETROPERÚ cumple un rol estratégico para el país, como ocurre con las refinerías estatales en países vecinos —Argentina, Chile, Ecuador, entre otros— al garantizar el abastecimiento y distribución de combustibles a nivel nacional, incluyendo zonas alejadas donde el sector privado no llega, contribuyendo además a la estabilidad del mercado, la seguridad energética y la soberanía nacional. Del mismo modo, ha cumplido históricamente una función fundamental en el suministro de combustibles durante situaciones de emergencia nacional, como desastres naturales, acciones de apoyo cívico y operaciones vinculadas a las Fuerzas Armadas. En ese contexto, debe precisarse que sus activos ascienden a $ 10,031 millones de dólares y su nivel de endeudamiento se estima en S/ 6,603 millones de soles, cifras que deben ser evaluadas con responsabilidad y transparencia en cualquier proceso de reorganización patrimonial.

En ese sentido, preocupa que el referido Decreto de Urgencia pretenda habilitar la transferencia de activos patrimoniales mediante intervención de PROINVERSIÓN, así como disponer la transferencia de recursos presupuestales, incluyendo fondos destinados a electrificación rural, para fines ajenos a su naturaleza, como el término de relaciones laborales. Ello podría vulnerar los artículos 22° y 23° de la Constitución, referidos a la protección del trabajo y los derechos fundamentales de los trabajadores.

Asimismo, se advierte que estas medidas podrían impactar negativamente en la continuidad del servicio de distribución de hidrocarburos en zonas vulnerables del país y reducir recursos esenciales destinados a cerrar brechas históricas de acceso a energía en comunidades rurales, generando una afectación social que no puede ser ignorada.

El Colegio de Abogados de Lima reafirma su compromiso con la defensa del Estado Constitucional de Derecho, y se mantendrá vigilante frente a decisiones que pretendan adoptarse al margen de la legalidad y del respeto irrestricto a la Constitución.

Lima, 21 de enero de 2026

JUNTA DIRECTIVA