La Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima (CAL), ante la reciente decisión de desactivar diversos equipos fiscales especializados, manifiesta a la opinión pública y a las autoridades del Sistema de Justicia lo siguiente:

La lucha contra la corrupción y el crimen organizado constituye una política de Estado que debe trascender a cualquier gobierno de turno. La estabilidad de las investigaciones en curso es un pilar fundamental de la seguridad jurídica, la cual se ve vulnerada cuando estructuras técnicas consolidadas son modificadas sin una justificación que garantice la eficacia procesal.

El CAL exhorta al Ministerio Público a asegurar la continuidad de las indagaciones vinculadas a casos de alta complejidad, tales como Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto y otros procesos de grave impacto social. La especialización alcanzada por estos equipos no es una concesión política, sino un activo institucional necesario para el correcto ejercicio de la acción penal.

Resulta imperativo que la Junta de Fiscales Supremos emita un pronunciamiento técnico que brinde certeza sobre el reordenamiento institucional. Las decisiones de la alta dirección fiscal deben estar estrictamente fundamentadas en criterios de optimización y no en interpretaciones de carácter discrecional que puedan ser percibidas como un retroceso en la autonomía de los magistrados a cargo.

La confianza de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia depende de la predictibilidad y la firmeza con la que se sancionen los actos de corrupción, independientemente del contexto político en que ocurrieron. El Colegio de Abogados de Lima se mantendrá vigilante para que el debido proceso y la búsqueda de la verdad real no se vean comprometidos por cambios estructurales intempestivos.

Lima, 8 de enero de 2026

JUNTA DIRECTIVA