El Colegio de Abogados de Lima (CAL) rechaza las expresiones del ministro del Interior, Carlos Malaver, quien minimizó el derecho a la vida y el reclamo legítimo de los jóvenes, organizaciones gremiales, empresariales y profesionales —en particular de los transportistas— frente a la ola de criminalidad que afecta al país, al expresar “que no se puede declarar un paro por la muerte de una persona”.

Del mismo modo, deplora las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien pretendió deslegitimar y atenuar el paro de transportistas al afirmar que “un paro no lo resuelve” y, como extraña solución, señalar: “No abran los mensajes (de los extorsionadores)”.

Ante dichas declaraciones, la Junta Directiva del CAL reprueba expresamente tales manifestaciones, que denotan un indolente desprecio por la vida y una afrenta al justo reclamo ciudadano ante la creciente ola de criminalidad y la evidente inacción de las autoridades gubernamentales.

Los extorsionadores, sicarios y organizaciones criminales atormentan despiadadamente y sin control a los ciudadanos, en particular al sector transporte. Debe recordarse que, desde el año 2024, el CAL advirtió en diversos comunicados que la legislación penal modificada por el Congreso y el Ejecutivo no solo ha beneficiado a la clase política —frente a las investigaciones fiscales por delitos de corrupción y crimen organizado—, sino que, como se pronosticó, ha favorecido a la delincuencia común.

En ese sentido, el Colegio de Abogados de Lima hace un llamado a las bancadas parlamentarias para que realicen las modificaciones legislativas que exige la ciudadanía, como parte de una solución integral al problema de la criminalidad, permitiendo que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen eficazmente en defensa de la sociedad.

El CAL ha presentado el Proyecto de Ley N.º 11760/2024-CP, que deroga normativas que atentan contra la seguridad ciudadana, a fin de contribuir con el reclamo del sector transporte y coadyuvar en la lucha contra la inseguridad.

Lamentamos que algunas agrupaciones políticas hoy pretendan denostar al Ejecutivo, cuando fueron ellas mismas las que, con su voto, aprobaron las normas que debilitaron la lucha contra el crimen organizado. Se trata de un evidente acto de hipocresía política que la ciudadanía no está dispuesta a tolerar.

Lima, 6 de octubre de 2025

JUNTA DIRECTIVA