Desde la Junta del Colegio de Abogados de Lima (CAL), expresamos nuestra preocupación por la inclusión del texto sustitutorio de la Ley MAPE en la agenda de la Comisión de Energía y Minas, a pesar de que en la sesión pasada se acordó —vía cuestión previa— que el debate se postergue hasta inicios de la próxima legislatura.

Ello ocurre en el marco de la reciente ampliación de la vigencia del REINFO por seis (6) meses adicionales, aprobada mediante Decreto Supremo N.° 012-2025-EM del pasado 29 de junio de 2025.

Debemos resaltar que, tal como lo señaló el Tribunal Constitucional en la Sentencia No. 102/2025, recaída en el expediente N.º 00017-2023-P/TC, durante casi una década, solo el 2.31 % de los titulares mineros se han formalizado. Las sucesivas prórrogas al proceso del REINFO solo han significado un retroceso en la política de erradicación de la minería ilegal, sin resultados efectivos en la formalización de personas naturales y jurídicas. A julio del 2024, existen más de 23 mil registros vigentes, pero el doble de registros suspendidos. En ese sentido, la exigencia de un REINFO sin condicionamientos está perpetuando la ilegalidad, como lo señaló el Tribunal Constitucional en la sentencia antes mencionada.

La propuesta de la Ley MAPE mantiene y reproduce un marco legal que, entre otros, otorga exoneraciones de responsabilidad penal (relacionadas con delitos ambientales), civil o administrativa, dentro del proceso de formalización minera. El REINFO ha permitido que personas naturales y jurídicas, solo por el hecho de inscribirse, “operen sin apego a la legalidad y queden exoneradas de sanción”, como lo indicó el TC y que está siendo reproducido en el predictamen de la Ley MAPE con el RENAMPA.

El debate sobre el proceso de formalización minera debe desarrollarse al amparo de la ley y la legalidad. La actual propuesta que se debate en la Comisión de Energía y Minas persiste en normalizar la ilegalidad y la criminalidad asociada a la minería informal, lo cual rechazamos desde el CAL por alejarse de los principios fundamentales de un Estado de Derecho.

En ese sentido, exhortamos a los miembros de la Mesa Directiva del Congreso a no ceder ante presiones que impongan una agenda que conllevará al incremento de la criminalidad, no solo en las zonas influenciadas por la minería ilegal, sino también en la falta de fiscalización del uso de mercurio, armas y explosivos, elementos que vienen siendo utilizados por bandas criminales en distintas regiones del país.

Asimismo, exhortamos al Poder Ejecutivo y a las demás instituciones del sistema de justicia a restablecer el orden en las vías de comunicación nacional. El derecho a la protesta es legítimo siempre que no atente contra los derechos fundamentales de la ciudadanía, como el libre tránsito, la salud y la seguridad.

Lima, 8 de julio de 2025

JUNTA DIRECTIVA