El Colegio de Abogados de Lima (CAL), como parte de su compromiso con la defensa del Estado de Derecho y el análisis jurídico plural, organizó el conversatorio titulado “Resolución de la JNJ: implicancias legales frente a la Fiscalía de la Nación”, el cual congregó a destacados abogados penalistas y constitucionalistas, en un evento presencial que contó con aforo completo.

La sesión fue inaugurada por el Dr. Raúl Canelo Rabanal, Decano del CAL, quien resaltó que “sin división ni equilibrio de poderes, no hay un verdadero Estado democrático republicano”. Señaló que la experiencia comparada ha demostrado que el respeto a las libertades individuales y económicas es fundamental para la estabilidad institucional. Recordó además que organismos constitucionales como la Junta Nacional de Justicia también forman parte del equilibrio republicano y no pueden actuar fuera del marco de la legalidad.

Expositores:

Dr. Carlos Rivera Paz, abogado penalista, advirtió que el país vive un proceso de degradación acelerada del Estado de Derecho. Cuestionó duramente la resolución de la JNJ que buscaba restituir a la exfiscal Patricia Benavides, señalando que carece de fundamento legal sólido y responde a intereses políticos. A su juicio, “la Junta ha quedado muy mal parada ante la opinión pública”, y la persistencia de decisiones apresuradas genera un clima de inestabilidad que impacta negativamente en la legitimidad institucional.

Dr. Lucas Ghersi, abogado constitucionalista, centró su análisis en los aspectos de validez formal del acto administrativo emitido por la JNJ. Cuestionó que no se haya respetado la firma de la Secretaría General, conforme al reglamento del Pleno de la JNJ, lo que a su juicio vulnera el procedimiento debido y debilita la legitimidad del acto. Remarcó la importancia de respetar la legalidad formal y sustancial como garantía frente al poder arbitrario, destacando que “no se trata de justificar el poder, sino de limitarlo para preservar la libertad personal”.

Dr. César Nakazaki Seminario, abogado penalista, destacó que la decisión de la JNJ ha generado un escenario de conflicto legal y político que pone en riesgo la funcionalidad del Ministerio Público. Afirmó que “no podemos quedarnos en la crítica, sino proponer”, y recordó que el artículo 139 de la Constitución consagra la seguridad jurídica y la legalidad como pilares fundamentales. Hizo un llamado a recuperar la institucionalidad desde una interpretación garantista del derecho administrativo y penal.

El conversatorio concluyó reafirmando la necesidad de preservar la legalidad, el respeto a las competencias constitucionales y la independencia de los organismos del sistema de justicia, en un contexto donde la incertidumbre institucional sigue marcando el panorama político y jurídico del país.

Finalmente, los ponentes agradecieron la invitación del Colegio de Abogados de Lima y destacaron que la institución ha retomado protagonismo como nunca antes, convirtiéndose en un espacio abierto, plural y democrático, capaz de albergar foros con voces diversas y posturas distintas, en defensa del derecho y del interés nacional.

Lima, 3 de julio de 2025