La Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima expresa su preocupación por las recientes declaraciones de la magistrada Luz Pacheco Zerga, Presidenta del Tribunal Constitucional, en relación con la aplicación de la Ley N.º 32107.

Debe recordarse que, en junio del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que dicha norma afecta el acceso a la justicia tras la aprobación de la ley sobre delitos de lesa humanidad en el Perú, exhortando expresamente a su inmediata derogación y a evitar su aplicación por parte de los órganos judiciales competentes.

Los crímenes de lesa humanidad comprenden actos que atentan gravemente contra la dignidad humana y trascienden el ámbito de la soberanía nacional, por cuanto vulneran bienes jurídicos universales protegidos por el derecho internacional. Estos crímenes se encuentran comprendidos dentro de las normas imperativas del derecho internacional (ius cogens), las cuales se sitúan por encima de la voluntad de los Estados y son, por su naturaleza, imprescriptibles, al afectar de manera directa a la humanidad en su conjunto.

En ese sentido, resulta especialmente preocupante que la Presidenta del Tribunal Constitucional exhorte a los jueces del Poder Judicial a aplicar de manera general la Ley N.º 32107, ya que ello no solo podría beneficiar a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, sino también a responsables de delitos de terrorismo. Un ejemplo de ello fue la solicitud presentada por el exlíder del MRTA, Víctor Polay Campos, la cual fue declarada infundada por el juez Fernando Valdez, precisamente por la no aplicación de la referida norma.

En consecuencia, el Colegio de Abogados de Lima considera que la Ley N.º 32107, que pretende excluir la aplicación de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra a hechos ocurridos antes del 1 de julio de 2002, debe ser analizada caso por caso por las salas penales del Poder Judicial, conforme a los estándares constitucionales e internacionales vigentes.

Asimismo, exhortamos al Ministerio Público a acelerar las investigaciones y procesos vinculados a graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante las décadas de 1980 y 1990, a fin de garantizar una justicia oportuna tanto para las víctimas como para los procesados, contribuyendo así a una verdadera reconciliación nacional basada en verdad, justicia y reparación.

Lima, 14 de enero de 2026

JUNTA DIRECTIVA