La Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresa su profunda preocupación por el incumplimiento del mandato judicial que ordena la reposición de la Fiscal Suprema Delia Espinoza Valenzuela en el cargo de Fiscal de la Nación, disposición que, pese a haber sido emitida hace más de un mes, continúa sin ejecutarse.

El artículo 139, inciso 2, de la Constitución Política del Perú consagra la obligatoriedad del cumplimiento de las resoluciones judiciales. En consecuencia, resulta inaceptable que un mandato firme del Poder Judicial permanezca sin ejecución, configurándose así una afrenta a la independencia judicial y un grave precedente de desobediencia institucional.

El Noveno Juzgado Constitucional tiene el deber de hacer cumplir sus propias resoluciones. No hacerlo, constituye una burla al propio Poder Judicial, debilitando su autoridad y desacreditando la investidura jurisdiccional que sustenta el Estado de Derecho.

Asimismo, el CAL observa con preocupación que existiría una maniobra política detrás de la demora en la ejecución de la sentencia, con el propósito de remitir el caso de la Fiscal Espinoza al Congreso de la República para proceder con una inhabilitación arbitraria, basada en la aplicación de la ley sobre el ejercicio de funciones de fiscales y policías (Ley 32130). Dicha norma ya fue cuestionada por este Colegio por su carácter arbitrario y atentatorio contra la autonomía del Ministerio Público.

El Colegio de Abogados de Lima denuncia que esta actuación se enmarca en un contexto de hostigamiento político hacia las instituciones autónomas, motivado por el temor de un amplio sector del Congreso que enfrenta investigaciones por delitos de corrupción y criminalidad organizada.

De concretarse una inhabilitación contraria al mandato judicial, el CAL recurrirá a los organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para denunciar la grave alteración del orden constitucional en el Perú.

El Colegio de Abogados de Lima reafirma su compromiso con la defensa de la independencia judicial, el respeto a las resoluciones judiciales y la vigencia plena del Estado de Derecho.
Exhortamos a la ciudadanía a mantenerse vigilante frente a cualquier intento de manipulación política del sistema de justicia.

Lima, 1 de diciembre de 2025

JUNTA DIRECTIVA