La Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresa su profunda preocupación ante la propuesta de una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por dos (2) años, iniciativa aprobada por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República.

Es necesario recordar que existe un marco normativo vigente —la Ley N.º 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal— que, tras más de diez años, no ha generado los resultados esperados. Por el contrario, la utilización distorsionada del REINFO ha derivado en un grave descontrol medioambiental y un incremento sostenido de actividades vinculadas a redes criminales, afectando gravemente la seguridad ciudadana.

El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Exp. 00017-2023-PI/TC, ha sido categórico al señalar que:

El REINFO ha demostrado ser ineficaz como mecanismo de formalización minera.

No es constitucionalmente válido establecer marcos de exención penal para delitos ambientales en procesos de formalización, prórrogas o políticas públicas vinculadas a la actividad minera.

Los avances en la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) han sido mínimos, lo que configura un riesgo creciente que, de no ser corregido, profundizará sus impactos negativos.

En esa misma línea, el relator especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos sostuvo que el REINFO fomentó tomas de actividades fuera del control del Estado, ya que su diseño permitió acceder fácilmente a los beneficios del registro sin exigir el cumplimiento efectivo de los pasos hacia la formalización, generando un “blanqueo de dinero” fruto de la minería ilegal.

La ineficacia del REINFO se traduce en el alto número de inscripciones suspendidas. A enero de 2025, de 82,129 inscritos, solo 23,411 (28.5%) mantenían su inscripción vigente, mientras que 58,718 (71.5%) habían sido suspendidos. Según cifras del MINEM, a junio de 2025, únicamente el 7% de los mineros informales inscritos en el REINFO son titulares de la concesión, observándose que el 69% de los REINFO invaden y operan en concesiones de terceros que pertenecen a pequeños productores.

Asimismo, es cuestionable la Resolución Directoral N.º 00005-2025-MINEM/DGFM, que flexibilizó los trámites para el acceso y uso de explosivos ante SUCAMEC, más aún en este contexto de inseguridad ciudadana que vive el país, donde cada vez las bandas criminales tienen acceso al uso de explosivos para extorsionar a sus víctimas.

El Colegio de Abogados de Lima exhorta al Congreso de la República a respetar los parámetros constitucionales fijados por el Tribunal Constitucional, a no promover normas que faciliten la impunidad y, por el contrario, a impulsar un proceso de formalización serio, verificable, transparente y orientado a combatir la criminalidad organizada vinculada a esta actividad.

Lima, 17 de noviembre de 2025

JUNTA DIRECTIVA