El Colegio de Abogados de Lima expresa su profunda preocupación por el grave deterioro institucional que atraviesa el país. El Perú vive una crisis política y moral que ha vaciado de contenido a la democracia, debilitando los pilares del Estado de Derecho y afectando la confianza ciudadana en las instituciones.

Una democracia no se limita a elegir autoridades cada cinco años. Supone respetar la división de poderes, la independencia de las instituciones y la garantía de derechos fundamentales como la vida, la integridad y la seguridad. Hoy, esas condiciones no existen. La responsabilidad recae tanto en las fuerzas políticas que controlan el Congreso como en un Poder Ejecutivo carente de liderazgo y sensibilidad ante el malestar social.

El Congreso de la República, lejos de ejercer un control político equilibrado, ha protegido a una presidenta cuestionada por graves violaciones a los derechos humanos y ha copado instituciones como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General. Además, ha hostilizado a jueces, fiscales y voces críticas, consolidando una peligrosa concentración de poder mientras varios de sus miembros son investigados por delitos graves.

El reciente respaldo a una vacancia presidencial, pese a haber sido rechazada antes, refleja el cálculo electoral de los grupos políticos mayoritarios que buscan distanciarse de una gestión sin rumbo. Sin embargo, ni una vacancia ni una renuncia presidencial garantizan un verdadero cambio, pues el poder continuaría en las mismas manos que hoy controlan el Congreso.

El Perú no merece ser conducido por las actuales autoridades del Congreso ni del Gobierno. Se ha llegado a un nivel de deterioro institucional que permite afirmar que se ha cruzado la línea que caracteriza a una democracia. No existe respeto a la ley ni autoridad que haga efectivo su cumplimiento.

El Colegio de Abogados de Lima reafirma que solo la vigencia plena del Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y un proceso electoral libre y competitivo permitirán iniciar un verdadero cambio. El país necesita una transformación estructural, basada en un NUEVO PACTO HISTÓRICO que restablezca el equilibrio de poderes, la legalidad y la confianza en las instituciones.

Lima, 9 de octubre de 2025

JUNTA DIRECTIVA