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PORTADA-ACUARELA
CAL EXIGE AL GOBIERNO Y A SUS AUTORIDADES ASUMIR SU RESPONSABILIDAD POR INSEGURIDAD CIUDADANA, EN LUGAR DE TRASLADAR LA CULPA A LOS CIUDADANOS

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) lamenta profundamente la actitud del Ministerio del Interior, que en su reciente comunicado intenta deslindar toda responsabilidad por los hechos de violencia ocurridos en el concierto de Agua Marina en Chorrillos, atribuyendo la falta de control al carácter "privado" del evento.

Esta respuesta institucional se suma a una serie de declaraciones imprudentes y carentes de humanidad, que evidencian un desprecio por la vida y por el derecho: el ministro del Interior, Carlos Malaver, minimizó el asesinato de un conductor de transporte público al señalar que "era venezolano y no ha sido extorsión"; la presidenta Dina Boluarte aconsejó "no contestar la llamada del extorsionador" para evitar ser extorsionados; y el jefe de la Policía Nacional del Perú, general Óscar Arriola, declaró que "de todas maneras vamos a morir". Ahora, el propio ministerio pretende justificar su inacción alegando que el evento "no tenía autorización".

Todo ello configura un patrón de evasión, indiferencia y negación del deber constitucional del Estado de proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos, convirtiendo cada tragedia en un ejercicio de deslinde político.

A esta falta de responsabilidad se suma la hipocresía de los partidos y candidatos que hoy exigen respuestas, pero son los mismos que votaron por leyes que favorecieron al crimen organizado, promovieron la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y defendieron la pena de muerte como discurso populista, debilitando el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática.

El Colegio de Abogados de Lima recuerda que advirtió oportunamente sobre los efectos de estas reformas, que desmantelaron los mecanismos de persecución penal y favorecieron la expansión del crimen organizado en el país.

El CAL exige al Gobierno y a sus autoridades asumir su responsabilidad política y moral, en lugar de trasladar la culpa a los ciudadanos. La vida humana no se relativiza. El derecho no se negocia. Y la seguridad no se improvisa.

Lima, 9 de octubre de 2025

JUNTA DIRECTIVA

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