
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) manifiesta su preocupación frente a la difusión de audios que revelan presuntos delitos penales (trafico de influencia y peculado de uso) entre Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia, y Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, para favorecer al interno denominado “El Diablo” sentenciado por criminalidad organizada.
Estos hechos son indicios de extrema gravedad que independientemente de las acciones que adopte la Fiscalía y el Poder Judicial, en respeto del debido proceso y la presunción de inocencia, comprometen no solo la legitimidad del MINJUS, sino también la del propio Gobierno, debilitando la confianza ciudadana en el sistema democrático y en las instituciones que deben garantizar el Estado de derecho.
Hemos observado con preocupación que, desde el Ejecutivo y el Congreso de la República, asumiendo una defensa oficiosa de los involucrados, se viene argumentando la necesidad de realizar pericias antes de adoptar una decisión. Sin embargo, es el propio Santivañez quien se niega a participar en dichas diligencias. Esta actitud resulta irónica e indiferente frente a la gravedad de los hechos denunciados por la prensa. Frente a esta situación, el Colegio de Abogados de Lima:
1. Exige la renuncia inmediata e irrevocable del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, por carecer de la idoneidad ética y moral indispensable para continuar en sus cargos.
2. Exhortar al Congreso de la República en no blindar estos graves hechos e invocar a los congresistas en proceder según sus funciones de control político a denunciar estas acciones que no sólo connotan presuntos delitos penales, sino que denigran la función y la ética pública.
3. Exhorta al Ministerio Público a llevar a llevar a cabo una investigación independiente,
objetiva y libre de sesgos políticos contra todos los altos funcionarios que pudieran estar implicados en las denuncias periodísticas difundidas en las últimas dos semanas en torno al caso “El Diablo”, las cuales no solo alcanzarían a ministros de Estado, sino también a magistrados del Tribunal Constitucional.
3. Exige la investigación inmediata al ex jefe del INPE, cuya gestión se encontraría directamente comprometida por las presuntas coordinaciones irregulares en materia penitenciaria.
4. Advierte que el Colegio de Abogados de Lima permanecerá vigilante, en defensa de la legalidad, la ética pública y la democracia, frente a cualquier intento de impunidad o encubrimiento.
El Colegio de Abogados de Lima reafirma que ningún funcionario está por encima de la ley y que la democracia solo puede sostenerse sobre instituciones probas, transparentes y comprometidas con el bien común.
Lima, 15 de setiembre de 2025



