El pasado miércoles 3 de septiembre, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) organizó el foro “Reflexiones sobre la sentencia del Tribunal Constitucional: Caso de la Extinción de Dominio”, que reunió a reconocidos especialistas para analizar las implicancias de la reciente decisión del TC, que declaró inconstitucionales varios aspectos de la Ley de Extinción de Dominio.

Durante su intervención, el decano del CAL, Dr. Raúl Canelo Rabanal, afirmó que esta norma vulneraba el artículo 14 del Código Civil al ignorar la presunción de buena fe en la adquisición de bienes. Sostuvo que obligar al ciudadano a demostrar que un bien no proviene de un acto ilícito desnaturaliza principios básicos del derecho y entorpece el tráfico jurídico. Añadió que esta norma ha generado pérdidas millonarias al Estado y revela una grave deficiencia estructural.

El congresista Morante señaló que esta ley abría la puerta al totalitarismo, al permitir que cualquier ciudadano crítico del gobierno pudiera ser perseguido patrimonialmente sin sustento. “No podemos permitir que el Estado actúe con arbitrariedad”, puntualizó.

Por su parte, Lucas Ghersi argumentó que el problema de la extinción de dominio no es solo de aplicación, sino de diseño. Criticó su base teórica por desconocer figuras como la prescripción adquisitiva y por comprometer la seguridad jurídica. De aplicarse plenamente, advirtió, esta norma podría eliminar gran parte de la propiedad privada en el país.

Samuel Abad aclaró que, aunque el TC declaró inconstitucional el Decreto Legislativo 1373, aún queda pendiente el pronunciamiento sobre la nueva Ley 32326, que establece como requisito una sentencia firme para aplicar la medida. Destacó que esta figura debería mantenerse, pero en casos muy graves y con garantías plenas.

Finalmente, Mercedes Herrera explicó que uno de los problemas más serios fue la ampliación arbitraria del concepto de “actividad ilícita”, extendiéndolo incluso a ilícitos civiles o administrativos. Aunque la nueva ley precisó su alcance penal, advirtió que muchos jueces mantuvieron interpretaciones erradas, lo cual evidencia la necesidad urgente de una revisión profunda del sistema.

Lima, 3 de septiembre de 2025