El Colegio de Abogados de Lima (CAL) sostiene que el reciente dictamen aprobado por el Congreso de la República, denominado "criminalidad sistemática", no contribuirá a erradicar la ola de delincuencia que afecta al país. Se trata de una sobrelegislación en materia penal, que se limita, específicamente, a incrementar penas punitivas para diversos delitos, sin atacar las causas estructurales del problema.
Al respecto, el CAL ha venido advirtiendo que la modificación a la Ley de Crimen Organizado (Ley N.° 32138) ha favorecido la expansión de actividades criminales, en particular de la minería ilegal, que actualmente no está comprendida dentro de los alcances de dicha norma. Este vacío ha permitido que la minería ilegal se convierta en el principal brazo financiero de las bandas criminales que operan en distintas regiones del país.
Expresamos además nuestra solidaridad con la población del norte del Perú, en especial con la región La Libertad, que el jueves último sufrió un atentado con explosivos en la urbanización Las Quintanas, hecho que, según fuentes policiales, estaría vinculado a la facción de la banda criminal "Los Pulpos" y a la minería ilegal.
A ello se suma la propuesta de reapertura del penal El Frontón, medida inviable considerando que, según el propio Ministerio de Justicia en gestiones anteriores, su mantenimiento supondría un costo demasiado elevado. En lugar de iniciativas aisladas, exhortamos al Poder Ejecutivo a diseñar y ejecutar un plan nacional de construcción y modernización de centros penitenciarios, con financiamiento público y/o privado, que permita una verdadera respuesta a la sobrepoblación carcelaria y al tratamiento de internos.
En ese sentido, desde el CAL exhortamos al Acuerdo Nacional a impulsar la formulación de una Política Nacional contra la Criminalidad que aborde el problema desde una perspectiva integral: legislativa, judicial y penitenciaria, garantizando un enfoque sostenible y eficaz en la lucha contra el crimen organizado.
Lima, 5 de setiembre de 2025
JUNTA DIRECTIVA
