El Decano del Colegio de Abogados de Lima, Dr. Raúl Canelo Rabanal, sostuvo una importante reunión de trabajo con representantes de la Secretaría Técnica del Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes presentaron los principales hallazgos de la Política Nacional Multisectorial de la Reforma Procesal Penal.
En el encuentro participaron Carlos Alberto Alonso Quispe, Coordinador de la Secretaría Técnica del Código Procesal Penal del MINJUS; Jorge Luis Venegas Rivera, Analista en Monitoreo de la Reforma Procesal Penal; Jazmín Catalán Yauri, Analista de Gestión, Seguimiento y Evaluación; y Ernesto Centeno Rojas, Consultor de la misma Secretaría Técnica.
Durante la exposición, se presentaron cifras que revelan la magnitud de los desafíos que enfrenta el sistema de justicia penal en el país. Según los datos compartidos, en el año 2024 se registraron 566,678 denuncias, lo que representa apenas el 16 % de los delitos sufridos por la ciudadanía, mientras que se estima que 3.5 millones de delitos no fueron denunciados (Fuente: INEI-PNP).
Asimismo, se advirtió que mientras el 15.7 % de las denuncias ingresadas en el 2016 obtuvieron algún tipo de sanción dentro de los tres años siguientes, en el caso de las denuncias del 2020, solo el 7.4 % alcanzó una sanción en ese mismo plazo, reflejando una preocupante disminución en la eficacia del sistema.
Frente a esta situación, el Decano del Colegio de Abogados de Lima, Dr. Raúl Canelo Rabanal, enfatizó la urgencia de adoptar medidas: “Debemos avanzar hacia un sinceramiento del modelo, considerando las carencias estructurales del sistema de justicia. Hay variables que son manejables si el Estado coloca este tema en la agenda pública como prioritario y urgente. En esa línea, tienen todo mi respaldo”.
Finalmente, ambas instituciones coincidieron en la necesidad de generar espacios de análisis y debate, comprometiéndose a organizar foros especializados que permitan examinar a profundidad los retos actuales y formular propuestas concretas que contribuyan al fortalecimiento de la Reforma Procesal Penal en el Perú.
Lima, 29 de agosto 2025
