El Colegio de Abogados de Lima emite la siguiente declaración en relación con la defensa de los límites internacionales y la soberanía territorial del Perú, y en rechazo a las pretensiones del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

La acusación del presidente Petro, al calificar a la Isla Chinería y a la Isla Santa Rosa como terra nullius ("tierra de nadie") y desconocer la soberanía peruana, constituye un acto de incumplimiento de los tratados internacionales que establecieron los límites entre Colombia y el Perú.

El Tratado Salomón-Lozano de 1922 establece los límites entre ambos países. Sus artículos 2 al 7 regulan la creación y funcionamiento de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites entre Perú y Colombia, la cual en 1929 realizó la demarcación de acuerdo con el artículo 1 del citado tratado. Dicha demarcación estableció un límite en el río Amazonas, situando la Isla Chinería —y, por extensión, la Isla Santa Rosa— en el lado peruano del límite internacional.

Asimismo, conforme al Derecho Internacional, los cambios morfológicos en el cauce del río Amazonas, al ser fenómenos naturales ajenos a la voluntad de los Estados, no afectan en modo alguno los límites establecidos. El Derecho Internacional es claro al señalar que las variaciones fluviales no modifican los tratados de límites internacionales. En consecuencia, los fenómenos naturales que ocurran en el Amazonas no alteran los límites previamente acordados.

En ese sentido, el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, que complementa el Tratado de 1922 y cuyo artículo 2 establece que el Tratado Salomón-Lozano no podrá ser modificado, ha sido vulnerado por las pretensiones del presidente Petro sobre territorio peruano.

Cabe señalar que la conmemoración nacional de la Batalla de Boyacá, trasladada por el presidente Petro a Leticia para evadir las protestas en su contra, ha sido utilizada también para acrecentar y agravar la tensión fronteriza con el Perú, quebrantando el espíritu del artículo 7 del Protocolo, que exhorta al uso de medios pacíficos para la solución de controversias internacionales.

Desde el Colegio de Abogados de Lima reiteramos nuestro respaldo a la Cancillería y a las autoridades competentes para que continúen impulsando una solución diplomática a la tensión provocada por el presidente Gustavo Petro.

Lima, 8 de agosto de 2025

JUNTA DIRECTIVA