El Colegio de Abogados de Lima informa a la comunidad jurídica y a la ciudadanía en general que la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado ha recibido una trámite por denuncia penal presentada por un grupo de colegiados contra una presunta organización criminal que operaría desde hace años al interior del CAL y cuyo objetivo es beneficiarse de los activos del colegio valorizados en cerca de 30 millones de dólares.
Efectivamente, de acuerdo con la denuncia, esta organización tendría como objetivo tomar control ilegal del patrimonio económico, financiero y administrativo del Colegio, valiéndose de una estructura que presenta financiamiento ilícito, jerarquía, distribución de funciones, roles y coordinación delictiva interna, elementos que configurarían el delito de organización criminal, conforme al artículo 317 del Código Penal.
Entre los hechos denunciados, se advierte la designación fraudulenta de un “decano encargado” y un “secretario general encargado”, sin respaldo estatutario ni legal, con el fin de encubrir irregularidades de la gestión anterior liderada por el exdecano Bazán Naveda, así como entorpecer las investigaciones fiscales que actualmente se desarrollan contra el propio Bazán y el aún directivo Víctor Alca, también incluido en la denuncia penal.
Asimismo, la acusación sostiene que parte de esta estructura criminal estaría compuesta por individuos vinculados a estamentos institucionales que, desde el inicio de la actual gestión, habrían ocultado información y bloqueado el avance de procesos de fiscalización y auditoría impulsados por el actual Decanato.
Frente a estos hechos, la Dirección de Defensa Gremial del CAL ya se encuentra preparando las acciones legales e institucionales correspondientes, a fin de resguardar los intereses del gremio y actuar como parte agraviada en el proceso, dado que el Colegio resultaría directamente perjudicado por estos actos ilícitos.
El Colegio de Abogados de Lima reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la defensa de los principios éticos de la abogacía, y hace un llamado a la unidad gremial para enfrentar con firmeza cualquier intento de desestabilización y uso indebido de los recursos institucionales.
Lima, 2 de junio de 2025
