El Colegio de Abogados de Lima expresa su firme rechazo a la promulgación de la ley que modifica la Ley N.º 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), publicada hoy en el diario oficial El Peruano. Esta norma representa una grave vulneración de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Perú.

La norma en cuestión, bajo el pretexto de “fiscalizar” los fondos de cooperación internacional, introduce disposiciones que interfieren directamente en la finalidad legítima de las asociaciones privadas. El artículo 2, inciso 13 de la Constitución consagra la libertad de asociación con fines lícitos como un derecho fundamental. Si bien el Estado tiene la potestad de registrar y supervisar el funcionamiento legal de estas organizaciones, no puede condicionar, restringir o sancionar su existencia ni su accionar cuando estos se enmarcan dentro del orden jurídico.

El Decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo Rabanal, señaló que esta ley “establece un marco inconstitucional que, en la práctica, criminaliza la acción legal de asociaciones que promueven la defensa de derechos fundamentales vulnerados incluso por el propio Estado, como ocurre en temas vinculados a la salud, el medio ambiente, la lucha contra la pobreza, los derechos humanos o la divulgación científica y cultural”.

A partir de ahora, toda organización que emprenda acciones legales, si es que recibe apoyo de la cooperación internacional, contra el Estado —en defensa de intereses colectivos o derechos fundamentales— corre el riesgo de ser sancionada o incluso eliminada del registro de la APCI. Experiencias emblemáticas, como la defensa de los Pantanos de Villa o demandas presentadas ante abusos normativos y administrativos del Estado, quedarían al margen de la legalidad impuesta por esta nueva norma.

“La libertad de asociación es un derecho universal, pilar esencial de la democracia y del Estado de Derecho. Con esta ley, cualquier organización que cuestione al Poder Ejecutivo o Legislativo estaría amenazada de censura y exclusión. Esta disposición abre una peligrosa puerta a la arbitrariedad y al silenciamiento institucional”, alertó el Decano Canelo.

El Colegio de Abogados de Lima estudiará de inmediato las acciones legales que correspondan, incluida la presentación de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en resguardo del orden jurídico, la libertad de asociación y la defensa plena de los derechos fundamentales.

Lima, 14 de abril del 2025

Decanato