El Decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo Rabanal, deplora la aprobación del dictamen recaído en los Proyectos de Ley N.° 618/2021-CR, 6080/2023-CR, 7771/2023-CR y 8166/2023-CR, que propone modificar el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como imputables dentro del sistema penal ordinario.
Al respecto, manifiesta lo siguiente:
a. La propuesta legislativa representa una grave vulneración de los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumentos que exigen un tratamiento penal diferenciado y especializado para personas menores de edad. Cabe recordar que el Comité de los Derechos del Niño, en su más reciente informe, recomendó expresamente al Estado Peruano revisar las iniciativas legislativas en curso para garantizar su conformidad con dichos estándares internacionales.
b. El dictamen transgrede principios constitucionales fundamentales, como el derecho a la igualdad ante la ley y la protección especial de niños, niñas y adolescentes, consagrados en los artículos 2.2 y 4 de la Constitución Política del Perú. La propuesta desconoce la condición jurídica diferenciada de los adolescentes, pretendiendo aplicarles sanciones penales diseñadas para adultos únicamente con base en el tipo de delito y no en criterios de madurez, desarrollo ni responsabilidad penal diferenciada.
c. Desde una perspectiva técnica, se considera que esta medida resulta inútil, ineficaz y desproporcionada, dado que la participación de adolescentes en actos delictivos representa apenas el 2.1 % del total de hechos delictivos registrados en el país. En consecuencia, no se justifica su incorporación al sistema penal adulto como medida contra la inseguridad ciudadana.
Por todo lo expuesto, el Decano del CAL exhorta a la señora Presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, a observar la autógrafa de ley, en defensa del orden constitucional, del principio de interés superior del niño y del respeto a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Lejos de contribuir a la reducción de la criminalidad, esta medida representa un retroceso legal y ético incompatible con un Estado democrático de derecho.
Lima, 11 de abril de 2025
Decanato
