Tras el paro acatado en diversas zonas de la capital, el Colegio de Abogados de Lima informa lo siguiente:

1. Rechazamos la propuesta de un parlamentario, quien ha planteado que los propios transportistas deban asumir su seguridad mediante el uso de vehículos blindados y custodia policial. Esta iniciativa representa un grave retroceso en la garantía de derechos fundamentales, al trasladar la responsabilidad del Estado hacia el sector privado, vulnerando la libertad de empresa y demostrando una alarmante falta de estrategia y comprensión del rol de la función pública.

2. Nos oponemos también a propuestas como la planteada en el Congreso y cuestionada por la Defensoría del Pueblo, que prohíben el uso de motocicletas con acompañante. Experiencias similares en países vecinos, como Colombia, no han arrojado resultados efectivos y han contribuido únicamente al incremento del caos vehicular, sin reducir los índices delictivos. Estas medidas tienden a criminalizar sin evidencia y desvían el foco del verdadero problema estructural.

3. Desde el Colegio de Abogados de Lima proponemos al Poder Ejecutivo impulsar de manera conjunta con el sector privado la construcción de nuevos centros penitenciarios, utilizando mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas (APP), Obras por Impuestos (OXI) u otras fórmulas viables. Cabe recordar que el Tribunal Constitucional exhortó al Estado peruano a desarrollar un plan de deshacinamiento carcelario. Sin embargo, este mandato se ha venido cumpliendo con medidas de flexibilización normativa, sin atender la raíz del problema: la falta de infraestructura penitenciaria.

4. Finalmente, como institución representativa de la sociedad civil, el Colegio de Abogados de Lima reitera su disposición para convocar a sus más ilustres miembros a fin de coadyuvar con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en la formulación de una política pública de seguridad ciudadana a la altura de las necesidades del país.

Lima, 11 de abril de 2025

Decanato