El Decano del CAL, Raúl Canelo Rabanal, expresa su más profunda preocupación por la crítica situación de inseguridad que atraviesa el país. De acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), en el Perú se registra un homicidio cada cuatro horas, lo que evidencia el avance incontenible del sicariato y del crimen organizado. Este panorama refleja, además, que las estrategias adoptadas tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo no están dando los resultados esperados ni responden con eficacia a la magnitud del problema.
Desde el CAL se ha advertido en reiteradas ocasiones que varias de las reformas legislativas promovidas recientemente no contribuyen a una lucha efectiva contra la criminalidad. Entre ellas se encuentran la modificación a la Ley contra el Crimen Organizado, los cambios que restringen la suspensión del plazo de prescripción, y las alteraciones al marco legal de la colaboración eficaz. A ello se suma la promoción de iniciativas sin sustento técnico como la prohibición de que más de una persona circule en una moto lineal, medida que ya fue implementada sin resultados positivos en países como Colombia, y cuya aplicación en el Perú no resolverá el fondo del problema.
El problema de fondo es estructural, y está directamente vinculado con la falta de inteligencia operativa y recursos adecuados para nuestras fuerzas del orden. En ese marco, el declarado estado de emergencia y la presencia de efectivos militares en las calles no representan una solución real, ya que dichas fuerzas no cuentan con funciones legales ni constitucionales para cumplir tareas de patrullaje urbano.
En ese sentido, el Decano CAL exhorta a las más altas autoridades del país a trabajar de manera articulada en un plan integral de seguridad ciudadana que contemple acciones a corto, mediano y largo plazo. Este plan debe incluir la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios para enfrentar el hacinamiento carcelario; la mejora del marco normativo procesal para asegurar una respuesta rápida y eficiente del sistema de justicia ante los delitos; la capacitación especializada de nuestras fuerzas del orden para hacer frente al crimen organizado con herramientas modernas y eficaces; y, finalmente, un pacto de Estado que permita dar sostenibilidad a estas políticas más allá de los ciclos políticos y partidarios.
En ese mismo marco, el Decano ha planteado como medida concreta la capacitación y titulación del policía conciliador, figura que puede desempeñar un rol clave en la prevención de conflictos y la articulación entre la ciudadanía y el sistema de justicia. Asimismo, expresa su solidaridad con todos los gremios empresariales que hoy sufren directamente las consecuencias de esta crisis: extorsiones, amenazas, daños a la propiedad privada y la interrupción de actividades productivas. Esta situación afecta la estabilidad económica y laboral de miles de peruanos.
EL Decano del CAL reitera su disposición para colaborar, desde la sociedad civil, con propuestas técnicas y jurídicas a través de los profesionales más calificados de la Orden.
Lima, 8 de abril de 2025
