El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresa su rechazo categórico ante las afirmaciones infundadas publicadas hoy en el diario Expreso bajo el titular: "CAL BAJO SOSPECHA POR SANCIONES IRREGULARES Y POSIBLE AGENDA POLÍTICA", en las que se presentan hechos que no se ajustan a la realidad. Ante ello, es necesario precisar lo siguiente:

1. El Consejo de Ética del CAL, inició acción contra el decano sino también proceso disciplinario de oficio contra los miembros de Junta Nacional de Justicia (JNJ), conforme a sus propias competencias y criterios, sin solicitud, intervención ni aprobación del decano ni de la Junta Directiva del CAL, lo cual quedó expresamente señalado en el Comunicado N.º 22-2025/CAL.La decisión de iniciar dicho procedimiento ha sido adoptada exclusivamente por el Consejo de Ética, integrado por el Dr. Mauro Florencio Leandro Martín (Presidente), Carmen Castillo Yataco, Luis Chuquillanqui y Jesús Palomino Figueroa. El Consejo de Ética es autónomo en sus decisiones y ningún estamento ni autoridad del Colegio de Abogados de Lima tiene injerencia en sus determinaciones; de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Colegio y al Código de Ética del Abogado, su Reglamento y modificatorias vigentes.
2. Con relación a la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de iniciar un procedimiento disciplinario inmediato contra la Dra. Janet Tello y otros magistrados de la Corte Suprema—medida que pone en riesgo la independencia de un poder del Estado—, y en estricto compromiso con la defensa del Estado de derecho, el Colegio de Abogados de Lima, el 18 de febrero de 2025, informó nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre esta y otras irregularidades que vulneran la división de poderes en el país, así como a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados es la señora Margaret Satterthwaite,quien instó a la JNJ y al Gobierno Peruano a garantizar el respeto a la independencia judicial

Hay que precisar, que miembros de la Junta Directiva del CAL y ex decanos de la Orden han hecho pública su preocupación por el mal manejo económico de gestiones anteriores que han puesto en peligro la solvencia financiera de los agremiados. En ese sentido debemos precisar que:

• Grupos politizados dentro del Colegio han impulsado una campaña de desestabilización con la finalidad de afectar su sostenibilidad económica.Esto ocurre tras haberse revelado la existencia de un proceso laboral que ordenaba el pago de S/ 3 millones a favor del sindicato de trabajadores SUTCAL, sumado a los 21 millones de deudas a la CPSA generadas por las gestiones anteriores, lo que fue informado en el Comunicado N.º 023/202-CAL. Cabe precisar que uno de los beneficiarios de esta deuda es, a su vez, directivo del CAL, quien ocultó información sobre dicho proceso. Ante este evidente conflicto de intereses, se le solicitó su renuncia.
• Paralelamente, personajes vinculados a la gestión anterior, denunciados por fraude en la administración de persona jurídica, junto con otros sectores politizados, han diseñado una estrategia para debilitar la actual administración y apropiarse de los activos del Colegio, en especial el CECAL, cuyo valor institucional es incalculable. Estos personajes tienen bajo su control la administración de recursos del Policlínico, el CECAL y la Caja de Previsión Social del Abogado, que gestiona un fondo supera a los 20 millones de soles. Estos intentos no solo buscan afectar la estabilidad financiera del CAL, sino también forzar la remoción del decano.
• Por otro lado, el CAL a través de su decano, Raúl Canelo Rabanal, han expresado reiteradamente su firme compromiso con la defensa del Estado de derecho y la institucionalidad democrática del país. En esa línea, hemos sido convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer la situación política y jurídica que enfrenta el Perú. Como represalia, el Ministerio de Justicia,a través de la Directora de Derechos Humanos, Sara Farfán, formuló una denuncia contra el decano y dos directivos ante el Consejo de Ética del CAL.

En ese sentido, queremos señalar que no es coincidencia que quienes han manifestado una posición crítica frente al gobierno sean objeto de ataques sistemáticos. Así como el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación han sido blanco de embestidas, ahora el Colegio de Abogados de Lima enfrenta una campaña de desprestigio con el claro propósito de debilitar su institucionalidad y desacreditar su labor.

Finalmente, el Colegio de Abogados de Lima reafirma su compromiso con la transparencia y la defensa del Estado de derecho, y advierte a los miembros de la Orden que no se dejen sorprender por falsedades que buscan socavar la imagen del Colegio y afectar su rol en la defensa de la legalidad y la constitucionalidad en el país.

Lima, 28 de febrero de 2025