En el víspera del debate en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso sobre la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó su rechazo al predictamen presentado por la presidencia de dicho grupo de trabajo, calificándolo de un “enredo legislativo que solo beneficiaría a la corrupción”.

El CAL alertó que la propuesta inicial pretendía restringir esta medida cautelar a un catálogo de delitos sin criterio técnico, dejando fuera delitos graves como malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y delitos contra el patrimonio, lo que, en la práctica, favorecería la criminalidad y la impunidad en el país.

Asimismo, cuestionó la introducción de mecanismos que solo dilatarían el proceso, como la exigencia de audiencias con presencia del imputado o su abogado para la confirmación de la detención, así como el cambio de juez en las instancias de detención preliminar y prisión preventiva, lo que afectaría la celeridad y eficacia de la administración de justicia.

El Decano del CAL, Raúl Canelo Rabanal, en una entrevista en un medio de alcance nacional, manifestó su total rechazo al predictamen, recordando que la detención preliminar es una herramienta fundamental para garantizar el éxito de las investigaciones y evitar la obstrucción de la justicia. En esa línea, enfatizó que debilitar los mecanismos de lucha contra la criminalidad, como la colaboración eficaz y la detención preliminar, carece de sustento jurídico y solo beneficiaría a quienes buscan evadir la justicia.

Finalmente, el Colegio de Abogados de Lima saluda la decisión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de aprobar por insistencia el dictamen que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia, en los términos de la autógrafa enviada al Poder Ejecutivo el 16 de diciembre de 2024. No obstante, se espera que esta medida sea ratificada en el Pleno del Congreso al inicio de la nueva legislatura, salvo que 78 congresistas soliciten una sesión extraordinaria para su pronta aprobación.

Lima, 5 de febrero de 2025