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remotas, o que por diversos motivos les resulta complicado concurrir a la sede de dicha
entidad, lo cual les proporciona facilidades para conocer con certeza el estado de su
expediente y revisar documentación que pudo presentarse por parte de las entidades.
IV. A manera de conclusión
Los tribunales administrativos tienen una presencia creciente en el Perú, estando su
implementación vinculada con la modernización de la gestión pública, lo que implica otorgar
a los ciudadanos mecanismos adecuados para el control de las actuaciones de las distintas
entidades estatales, que pudieran ser percibidas como arbitrarias y, consecuentemente, como
tal, que se considere la necesidad de obtener un pronunciamiento que revise lo decidido
inicialmente.
La justicia administrativa es un concepto amplio, asociado con la solución de
controversias que se generan en el seno de la administración pública y la posibilidad de
revisar los actos administrativos que se emiten y cuyos administrados consideren que les
puedan ocasionar algún perjuicio, apareciendo en este último caso lo que la doctrina ha
llamado «jurisdicción administrativa», término aún en discusión, sobre todo respecto de sus
alcances e implementación a nivel general.
La experiencia del Tribunal del Servicio Civil en la resolución de controversias que
se presentan ante el «Estado Empleador» tiene un balance positivo, a pocos meses de su
primera década de funcionamiento ininterrumpido. Ha demostrado que la atención de los
recursos de apelación puede darse en plazos oportunos y con decisiones debidamente
motivadas, las cuales, si bien pueden ser recurridas ante el Poder Judicial, proporcionan al
administrado el resultado de un análisis técnico sobre su caso.
En el contexto de una reforma política, es necesario tener en cuenta los resultados y
avances de los órganos administrativos, cuya función ha permitido la atención de los
requerimientos ciudadanos, para lo cual, los órganos del gobierno central: Poder Ejecutivo y
Poder Legislativo, principalmente, deben concertar a efectos de dotar de más recursos e
impulsar normas que aseguren la consolidación de los logros obtenidos.
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