{"id":74022,"date":"2026-02-10T12:18:00","date_gmt":"2026-02-10T17:18:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cal.org.pe\/v1\/?p=74022"},"modified":"2026-02-10T12:42:10","modified_gmt":"2026-02-10T17:42:10","slug":"cal-expresa-su-preocupacion-por-graves-decisiones-del-gobierno-que-profundizan-la-inseguridad-juridica-en-materia-contractual-respecto-a-las-grandes-obras-de-infraestructura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cal.org.pe\/v1\/2026\/02\/10\/cal-expresa-su-preocupacion-por-graves-decisiones-del-gobierno-que-profundizan-la-inseguridad-juridica-en-materia-contractual-respecto-a-las-grandes-obras-de-infraestructura\/","title":{"rendered":"CAL EXPRESA SU PREOCUPACI\u00d3N POR GRAVES DECISIONES DEL GOBIERNO QUE PROFUNDIZAN LA INSEGURIDAD JUR\u00cdDICA EN MATERIA CONTRACTUAL RESPECTO A LAS GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresa su profunda preocupaci\u00f3n frente a la grave y err\u00e1tica decisi\u00f3n adoptada por PROVIAS Nacional, entidad que ha rescindido el Acuerdo de Gobierno a Gobierno que permit\u00eda la ejecuci\u00f3n de la V\u00eda Expresa Santa Rosa, la Nueva Carretera Central y el Puente Santa Rosa. Cabe indicar que, en el a\u00f1o 2021, el Estado peruano firm\u00f3 un Acuerdo de Gobierno a Gobierno con el Estado franc\u00e9s para la ejecuci\u00f3n de los referidos proyectos de inversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Este hecho no constituye un caso aislado, sino que se suma a una alarmante cadena de proyectos de infraestructura paralizados por decisiones gubernamentales irresponsables, entre los que destacan Majes Siguas II, el Aeropuerto Internacional de Chinchero y el proyecto Rutas de Lima, todos ellos de enorme impacto econ\u00f3mico y estrat\u00e9gico para el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

La resoluci\u00f3n unilateral de estos contratos genera una grav\u00edsima contingencia que afectar\u00e1 a la econom\u00eda nacional, al abrir el camino a acciones arbitrales millonarias por parte de las empresas afectadas, cuyos costos \u2014en su condici\u00f3n de garante\u2014 recaer\u00e1n finalmente sobre el Estado peruano, es decir, sobre todos los ciudadanos.<\/p>\n\n\n\n

A modo de ejemplo, en el caso de Rutas de Lima existe un laudo arbitral contrario al municipio por 200 millones de d\u00f3lares, a lo que se suma otra contingencia adicional que asciende aproximadamente a 2,700 millones de d\u00f3lares. De igual forma, el proyecto del Aeropuerto de Chinchero genera contingencias econ\u00f3micas de enorme magnitud, hasta por un monto de 91 millones de d\u00f3lares, que comprometen seriamente las finanzas p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n

Estas decisiones adoptadas por diversas autoridades gubernamentales \u2014incluyendo a PROVIAS Nacional, la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)\u2014 evidencian una grave irresponsabilidad en el manejo del presupuesto p\u00fablico, carente de previsi\u00f3n t\u00e9cnica, jur\u00eddica y econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n

Debe advertirse, adem\u00e1s, que la eventual reactivaci\u00f3n de estos proyectos implicar\u00e1 la actualizaci\u00f3n de estudios t\u00e9cnicos, la cancelaci\u00f3n de inversiones ya ejecutadas, la indemnizaci\u00f3n a las empresas afectadas y el reinicio de procesos administrativos complejos, lo que podr\u00eda demorar entre cinco (5) y diez (10) a\u00f1os, profundizando el retraso en infraestructura y el perjuicio econ\u00f3mico al pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Este actuar err\u00e1tico, negligente e improvisado vulnera de manera directa el art\u00edculo 62 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Per\u00fa, as\u00ed como los principios fundamentales de la seguridad jur\u00eddica, la estabilidad contractual regulada en las normas sustantivas civiles y comerciales, y la confianza leg\u00edtima, pilares esenciales de todo Estado constitucional de derecho.<\/p>\n\n\n\n

El Per\u00fa no solo enfrenta hoy una grave crisis de inseguridad ciudadana, sino tambi\u00e9n una peligrosa inseguridad jur\u00eddica, cuyas consecuencias inmediatas ser\u00e1n la desconfianza de la inversi\u00f3n privada y extranjera, el encarecimiento de futuros proyectos y el deterioro de la credibilidad del Estado peruano ante la comunidad internacional.<\/p>\n\n\n\n

El Colegio de Abogados de Lima exhorta a las autoridades competentes a rectificar este rumbo, actuar con responsabilidad jur\u00eddica y t\u00e9cnica, y adoptar decisiones que respeten la Constituci\u00f3n, los contratos y el inter\u00e9s nacional, evitando que los costos de la improvisaci\u00f3n sigan siendo trasladados injustamente a la ciudadan\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Lima, 10 de febrero de 2026<\/p>\n\n\n\n

JUNTA DIRECTIVA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresa su profunda preocupaci\u00f3n frente a la grave y err\u00e1tica decisi\u00f3n adoptada por PROVIAS Nacional, entidad que ha rescindido el Acuerdo de Gobierno a Gobierno que permit\u00eda la ejecuci\u00f3n de la V\u00eda Expresa Santa Rosa, la Nueva Carretera Central y el Puente Santa Rosa. Cabe indicar que, en el a\u00f1o 2021, el Estado peruano firm\u00f3 un Acuerdo de Gobierno a Gobierno con el Estado franc\u00e9s para la ejecuci\u00f3n de los referidos proyectos de inversi\u00f3n. Este hecho no constituye un caso aislado, sino que se suma a una alarmante cadena de proyectos de infraestructura paralizados por decisiones gubernamentales irresponsables, entre los que destacan Majes Siguas II, el Aeropuerto Internacional de Chinchero y el proyecto Rutas de Lima, todos ellos de enorme impacto econ\u00f3mico y estrat\u00e9gico para el pa\u00eds. La resoluci\u00f3n unilateral de estos contratos genera una grav\u00edsima contingencia que afectar\u00e1 a la econom\u00eda nacional, al abrir el camino a acciones arbitrales millonarias por parte de las empresas afectadas, cuyos costos \u2014en su condici\u00f3n de garante\u2014 recaer\u00e1n finalmente sobre el Estado peruano, es decir, sobre todos los ciudadanos. A modo de ejemplo, en el caso de Rutas de Lima existe un laudo arbitral contrario al municipio por 200 millones de d\u00f3lares, a lo que se suma otra contingencia adicional que asciende aproximadamente a 2,700 millones de d\u00f3lares. De igual forma, el proyecto del Aeropuerto de Chinchero genera contingencias econ\u00f3micas de enorme magnitud, hasta por un monto de 91 millones de d\u00f3lares, que comprometen seriamente las finanzas p\u00fablicas. Estas decisiones adoptadas por diversas autoridades gubernamentales \u2014incluyendo a PROVIAS Nacional, la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)\u2014 evidencian una grave irresponsabilidad en el manejo del presupuesto p\u00fablico, carente de previsi\u00f3n t\u00e9cnica, jur\u00eddica y econ\u00f3mica. Debe advertirse, adem\u00e1s, que la eventual reactivaci\u00f3n de estos proyectos implicar\u00e1 la actualizaci\u00f3n de estudios t\u00e9cnicos, la cancelaci\u00f3n de inversiones ya ejecutadas, la indemnizaci\u00f3n a las empresas afectadas y el reinicio de procesos administrativos complejos, lo que podr\u00eda demorar entre cinco (5) y diez (10) a\u00f1os, profundizando el retraso en infraestructura y el perjuicio econ\u00f3mico al pa\u00eds. Este actuar err\u00e1tico, negligente e improvisado vulnera de manera directa el art\u00edculo 62 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Per\u00fa, as\u00ed como los principios fundamentales de la seguridad jur\u00eddica, la estabilidad contractual regulada en las normas sustantivas civiles y comerciales, y la confianza leg\u00edtima, pilares esenciales de todo Estado constitucional de derecho. El Per\u00fa no solo enfrenta hoy una grave crisis de inseguridad ciudadana, sino tambi\u00e9n una peligrosa inseguridad jur\u00eddica, cuyas consecuencias inmediatas ser\u00e1n la desconfianza de la inversi\u00f3n privada y extranjera, el encarecimiento de futuros proyectos y el deterioro de la credibilidad del Estado peruano ante la comunidad internacional. El Colegio de Abogados de Lima exhorta a las autoridades competentes a rectificar este rumbo, actuar con responsabilidad jur\u00eddica y t\u00e9cnica, y adoptar decisiones que respeten la Constituci\u00f3n, los contratos y el inter\u00e9s nacional, evitando que los costos de la improvisaci\u00f3n sigan siendo trasladados injustamente a la ciudadan\u00eda. 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