{"id":63755,"date":"2025-01-21T09:03:00","date_gmt":"2025-01-21T09:03:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cal.org.pe\/v1\/?p=63755"},"modified":"2025-01-21T16:08:38","modified_gmt":"2025-01-21T16:08:38","slug":"cal-exhorta-al-tc-a-emitir-pronunciamiento-de-fondo-en-demanda-relacionada-con-el-proceso-de-formalizacion-minera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cal.org.pe\/v1\/2025\/01\/21\/cal-exhorta-al-tc-a-emitir-pronunciamiento-de-fondo-en-demanda-relacionada-con-el-proceso-de-formalizacion-minera\/","title":{"rendered":"CAL EXHORTA AL TC A EMITIR PRONUNCIAMIENTO DE FONDO EN DEMANDA RELACIONADA CON EL PROCESO DE FORMALIZACI\u00d3N MINERA"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n


El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresa su profunda preocupaci\u00f3n por los recientes atentados criminales contra la sede del Ministerio P\u00fablico en Trujillo, se\u00f1alados por la Fiscal de la Naci\u00f3n, Delia Espinoza, como vinculados a actividades de miner\u00eda ilegal. Estos actos reflejan una alarmante descomposici\u00f3n social que tiene como uno de sus principales or\u00edgenes la falta de regulaci\u00f3n efectiva y oportuna del proceso de formalizaci\u00f3n minera, lo que ha permitido que la miner\u00eda ilegal prospere y ampl\u00ede su impacto negativo en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

En este contexto, el CAL considera urgente que el Tribunal Constitucional (TC) emita un pronunciamiento de fondo en el proceso de inconstitucionalidad reca\u00eddo en el expediente N.\u00ba 00017-2023-PI\/TC, presentado por el Colegio de Abogados de Loreto contra la Ley 31388. Esta ley, que extendi\u00f3 el proceso de formalizaci\u00f3n minera a trav\u00e9s del Registro Integral de Formalizaci\u00f3n Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre de 2024, fue inicialmente planteada como un plazo definitivo. Sin embargo, fue nuevamente prorrogada hasta el 30 de junio de 2025 mediante la Ley 32213, sum\u00e1ndose a una serie de extensiones que datan del Decreto Legislativo 1105 en 2012.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de m\u00e1s de una d\u00e9cada de implementaci\u00f3n, el proceso de formalizaci\u00f3n minera ha demostrado ser ineficaz, logrando regularizar a menos del 20% de los peque\u00f1os mineros y mineros artesanales. Paralelamente, los efectos negativos de la miner\u00eda ilegal contin\u00faan escalando. Entre los m\u00e1s graves destacan el aumento de la violencia y la criminalidad, evidenciada en regiones como Pataz, Caravel\u00ed y otras zonas como Trujillo; la grave degradaci\u00f3n ambiental en la Amazon\u00eda; y el incremento de delitos como la trata de personas y el narcotr\u00e1fico. Adem\u00e1s, la reciente exclusi\u00f3n del delito de miner\u00eda ilegal como agravante, establecida en la Ley 32138, debilita a\u00fan m\u00e1s la capacidad del Estado para combatir esta actividad il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n

Frente a esta crisis, el Tribunal Constitucional tiene el deber de emitir un fallo que oriente al Congreso a implementar pol\u00edticas efectivas que beneficien a la peque\u00f1a miner\u00eda y la miner\u00eda artesanal. En ese sentido, es primordial un pronunciamiento que, adem\u00e1s de resolver la demanda presentada, genere una reflexi\u00f3n estructural (ver, entre otros, la sentencia en el expediente N.\u00ba 04596-2006-PA\/TC).<\/p>\n\n\n\n

El CAL insta al TC a cumplir con su responsabilidad hist\u00f3rica frente al pa\u00eds. Una sentencia que resuelva esta problem\u00e1tica permitir\u00e1 reducir significativamente la inseguridad e insostenibilidad generadas por la miner\u00eda ilegal, al tiempo que impulsar\u00e1 soluciones normativas que el Congreso y el Poder Ejecutivo no han logrado implementar en m\u00e1s de una d\u00e9cada.<\/p>\n\n\n\n

Lima, 21 de enero de 2025<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresa su profunda preocupaci\u00f3n por los recientes atentados criminales contra la sede del Ministerio P\u00fablico en Trujillo, se\u00f1alados por la Fiscal de la Naci\u00f3n, Delia Espinoza, como vinculados a actividades de miner\u00eda ilegal. Estos actos reflejan una alarmante descomposici\u00f3n social que tiene como uno de sus principales or\u00edgenes la falta de regulaci\u00f3n efectiva y oportuna del proceso de formalizaci\u00f3n minera, lo que ha permitido que la miner\u00eda ilegal prospere y ampl\u00ede su impacto negativo en el pa\u00eds. En este contexto, el CAL considera urgente que el Tribunal Constitucional (TC) emita un pronunciamiento de fondo en el proceso de inconstitucionalidad reca\u00eddo en el expediente N.\u00ba 00017-2023-PI\/TC, presentado por el Colegio de Abogados de Loreto contra la Ley 31388. Esta ley, que extendi\u00f3 el proceso de formalizaci\u00f3n minera a trav\u00e9s del Registro Integral de Formalizaci\u00f3n Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre de 2024, fue inicialmente planteada como un plazo definitivo. Sin embargo, fue nuevamente prorrogada hasta el 30 de junio de 2025 mediante la Ley 32213, sum\u00e1ndose a una serie de extensiones que datan del Decreto Legislativo 1105 en 2012. A pesar de m\u00e1s de una d\u00e9cada de implementaci\u00f3n, el proceso de formalizaci\u00f3n minera ha demostrado ser ineficaz, logrando regularizar a menos del 20% de los peque\u00f1os mineros y mineros artesanales. Paralelamente, los efectos negativos de la miner\u00eda ilegal contin\u00faan escalando. Entre los m\u00e1s graves destacan el aumento de la violencia y la criminalidad, evidenciada en regiones como Pataz, Caravel\u00ed y otras zonas como Trujillo; la grave degradaci\u00f3n ambiental en la Amazon\u00eda; y el incremento de delitos como la trata de personas y el narcotr\u00e1fico. Adem\u00e1s, la reciente exclusi\u00f3n del delito de miner\u00eda ilegal como agravante, establecida en la Ley 32138, debilita a\u00fan m\u00e1s la capacidad del Estado para combatir esta actividad il\u00edcita. Frente a esta crisis, el Tribunal Constitucional tiene el deber de emitir un fallo que oriente al Congreso a implementar pol\u00edticas efectivas que beneficien a la peque\u00f1a miner\u00eda y la miner\u00eda artesanal. En ese sentido, es primordial un pronunciamiento que, adem\u00e1s de resolver la demanda presentada, genere una reflexi\u00f3n estructural (ver, entre otros, la sentencia en el expediente N.\u00ba 04596-2006-PA\/TC). El CAL insta al TC a cumplir con su responsabilidad hist\u00f3rica frente al pa\u00eds. Una sentencia que resuelva esta problem\u00e1tica permitir\u00e1 reducir significativamente la inseguridad e insostenibilidad generadas por la miner\u00eda ilegal, al tiempo que impulsar\u00e1 soluciones normativas que el Congreso y el Poder Ejecutivo no han logrado implementar en m\u00e1s de una d\u00e9cada. 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