EX DECANOS SE UNEN PARA LA DEFENSA DEL CUARTO PISO DEL PODER JUDICIAL, Después de 77 años el Poder Judicial pretende desalojarnos de nuestro legítimo local institucional

Con la presencia de la Dra. María Elena Portocarrero, Decana del Colegio de Abogados de Lima y los ex Decanos de la Orden la Dra. Luz Aurea Sáenz Arana, Dra. Greta Minaya Calle, Dr. Ulises Montoya Alberti, Dr. Raúl Ferrero Costa y el Dr. Mario Amoretti Pachas, expresaron su rechazo frente al fallo de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, que declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por el CAL.

Por ello, nuestra Orden rechaza la decisión del Poder Judicial considerándola arbitraria, injusta y parcializada, ya que atenta contra los principios de Imparcialidad y Equidad Probatoria, y el Poder Judicial está actuando como juez (resuelve la petita) y parte (presenta la petita)

Es así, que el Colegio de Abogado de Lima defiende el derecho de su propiedad inmueble entregado en acto público por el Estado Peruano en 1940; y desde entonces está al servicio de más de más de 75 mil letrados que diariamente asisten y ejercen su servicio profesional.

En la declaración conjunta; la Decana Portocarrero Zamora, enfatizó que en las instalaciones del 4°Piso se brinda servicio con los defensores Sociales, biblioteca, notificaciones y al año se atiende más de 8,000 casos a personas de bajos recursos económicas que necesitan ser defendidas. Asimismo,  hizo un llamado a las autoridades para que se proteja los derechos de los agremiados.

Por su parte el Dr. Mario Amoretti, resaltó que el Poder Judicial se basa en una Declaratoria de Fábrica fraguada, propuso que se tome un acuerdo para denunciar penalmente a los jueces y procuradores del caso.

Por otro lado, el Dr. Ulises Montoya, agregó que desde el punto de vista histórico el inmueble en discusión fue otorgado al CAL por el Presidente Manuel Prado, aclarando que este bien no le pertenece al Poder Judicial sino al Estado; la Dra. Greta Minaya remarco que ha sido un proceso fraudulento, ya que no se ha considerado que el propio poder ejecutivo lo concedió a través de los decretos supremos y documentación que no han sido valorados de carácter probatorio en el proceso.

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